Por Alejandro Néstor Sala, periodista especializado en polìtica y economía. Colaborador de los Equipos Técnicos de Unión Por Todos.

Si hubiera que sintetizar en un concepto general y abarcativo el propósito que la política económica debería perseguir, el más lógico es el de ampliar la cantidad y la calidad y reducir el precio de los bienes y servicios puestos a disposición de los consumidores. Porque los consumidores, en su conjunto, son la gente, el pueblo, los ciudadanos. Entonces, cuando el gobierno –el actual o cualquier otro- promueven una medida económica cualquiera, el criterio correcto de análisis es el de evaluar cómo esa iniciativa repercute sobre las opciones ofrecidas a los consumidores.

¿Cuál es el sistema económico que mayores beneficios proporciona a los consumidores? Para poder responder a esta pregunta, debemos entender que no todos los consumidores tienen los mismos deseos, necesidades y expectativas. Por lo tanto, es imposible definir un criterio de producción que conforme igualmente a todos. Debemos imaginar un sistema que permita que cada consumidor elija aquellos productos que satisfagan sus respectivos deseos, necesidades y expectativas.

Pero ¿cómo lograr que lleguen a los espacios de venta los productos que respondan a las diferentes demandas de millones de personas? ¿Cuáles son las condiciones que el orden económico debe cumplir para alcanzar ese propósito?

Hay un hecho que es interesante de analizar y que seguramente puede ayudarnos a aclarar el problema: como los consumidores tienen preferencias absolutamente variadas y amplias, es imposible que un único productor de respuestas a las demandas de todos. Esto significa que la economía necesita, como consecuencia de la existencia de millones de consumidores individualizados, que los productores también sean múltiples porque esa es la única manera de que la producción se diversifique para dar respuestas a deseos, necesidades y expectativas tan variados.

Ahora bien, sucede que los recursos con los que los consumidores cuentan son limitados. Nadie está en condiciones de gastar dinero hasta el infinito. Por lo tanto, los consumidores deben aplicar un criterio de selección y prioridad para determinar de qué modo gastarán el dinero del que disponen.

Este hecho, el carácter finito de los recursos con los que los consumidores cuentan, constituye a su vez un condicionamiento sobre la conducta de los productores. Obsérvese que, si los consumidores deben elegir en qué gastar su dinero, los productores deben tratar de ofrecer a la venta precisamente aquellos bienes y servicios que los consumidores prioricen. Y quienes no sean capaces de lograr ese propósito se encontrarán con que otros empresarios los desplazarán en las preferencias de los consumidores y, por lo tanto, quienes no respondieron eficientemente a las demandas sufrirán una pérdida.

Estos estímulos son los que conducen a los empresarios a esforzarse por dar respuestas satisfactorias a las demandas de los consumidores. Y si volvemos al principio, recordemos que habíamos dicho que la satisfacción a los consumidores es el propósito final de toda política económica porque los consumidores son la gente, el pueblo, los ciudadanos...

Es interesante señalar cómo, en nuestro análisis, no hemos mencionado al Estado. ¿Por qué no lo hemos hecho? Sencillamente porque el Estado no tiene ninguna función que cumplir dentro del proceso de producción y consumo. La producción y el consumo son conductas particulares de los ciudadanos en las cuales el Estado no tiene razón alguna para inmiscuirse, ya que no es un área de su competencia.

Es cada consumidor –y no los funcionarios- quien mejor saben cuáles son sus prioridades a los efectos de la asignación de los recursos económicos con los que cuenta y son los productores los que, necesitados de obtener la adhesión de los consumidores, procurarán dar respuestas apropiadas a las diferentes demandas sin necesidad de que los burócratas del gobierno se inmiscuyan donde nadie los llama.

Por supuesto, esto es exactamente lo contrario de lo que todos los días practica el señor Guillermo Moreno, un personaje a quien los consumidores no le importan absolutamente en lo más mínimo. Las decisiones de Moreno, al ejercer fuertes condicionamientos sobre los términos de las transacciones comerciales, opera de un modo que tiene el efecto de dificultar el proceso de decisión de los consumidores y de elaboración de respuestas a las demandas por parte de los productores.

El efecto práctico de las intervenciones de Moreno es, precisamente, que la cantidad y la calidad de los bienes y servicios ofrecidos a la venta disminuya y, en cambio, que los precios aumenten. Menos productos, de peor calidad y más caros. Ese es el resultado de la acción de Moreno. Los perjuicios que esto provoca para la gente, el pueblo, los ciudadanos son evidentes. La razón de que se cometan estos dislates es que la política económica del gobierno no sigue el principio rector de estar al servicio de los consumidores. Moreno es la cara visible de esa política. El precio de esta orientación es la pérdida de calidad de vida de todos los habitantes de nuestro país. Nuestro desafío es promover una política económica que esté orientada y tenga como guía esencial la satisfacción de los deseos, necesidades y expectativas de los consumidores.