El Ministerio de Justicia y Seguridad debe extremar medidas urgentes para terminar con la sucesión de hechos violentos y explicar a esta Cámara cuáles son las políticas a seguir para proteger la integridad física en las masivas marchas o manifestaciones que tienen lugar en la C.A.B.A.

Luego de la sanción de la ley 26.425 que pone en vigencia el Sistema Integrado Provisional Argentino (SIPA), inyectando de fondos de las extintas AFJP a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) por un mono estimado en $300 millones, el Estado argentino comenzó una política de fuerte intervención en el sector privado de la economía. Una de las recientes medidas en este sentido ha sido la de financiar con fondos de la ANSES la papelera concursada Massuh, que será manejada por la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, con el objetivo de resguardar las fuentes de trabajo de dicha compañía, según las afirmaciones oficiales.

Violentos hechos se registraron durante un acto frente a la sede de la Embajada de Israel en Buenos Aires, con motivo del aniversario de la creación del Estado de dicho país. El Ministerio de Justicia y Seguridad debe extremar medidas urgentes para terminar con la sucesión de hechos violentos y explicar a esta Cámara cuáles son las políticas a seguir para proteger la integridad física en las masivas marchas o manifestaciones que tienen lugar en la C.A.B.A.