Una peligrosa novedad para la democracia

La democracia solía tener una sola vía de acceso al ejercicio del gobierno: las elecciones. El 20 de diciembre incorpora, de manera trágica, otro camino: el de la movilización callejera.

La Constitución del ’94 intentó, de forma incompleta, construir una institución capaz de actuar de valla de contención frente a las crisis de gobernabilidad. El ex presidente Alfonsín, ideólogo de la reforma, había sufrido en carne propia la experiencia traumática de su salida anticipada. La herida fue menor ya que había un presidente electo y pudo asumir acotando la crisis. La figura de la Jefatura de Gabinete pensada para actuar como bombero de la crisis, se transformó al ritmo de la negociación de la Constituyente -donde todo lo que importaba era la reelección- y perdió su naturaleza semiparlamentaria.

La democracia argentina con veinte años de vida logró alejar el fantasma de las interrupciones institucionales producidas por golpes militares. Pero el 20 de diciembre nuestro país sufrió una crisis de enorme gravedad. Se “legitimó” la movilización callejera como una metodología apta para terminar con un gobierno. Ríos de tinta intelectual abonaron esta tesis. Pocos años después Bolivia seguía el mismo camino.

La legitimación de esta realidad producida al calor de la justificación que hicieron los principales actores de esa tragedia, lleva al intendente de La Matanza, Alberto Balestrini, a utilizar el recurso casi con naturalidad, y decir, con lenguaje para iniciados, conocido para sus interlocutores de la Casa Rosada, que va a “hacer tronar el escarmiento” si no le devuelven sus 5.000 planes sociales. Algo así como “les voy a provocar otro 20 de diciembre si no satisfacen mis demandas”. Ya incorporó a su manual de recursos políticos el capítulo de la extorsión callejera.

¿Puede entonces nuestra democracia sentirse amenazada por la utilización de la violencia callejera como espada de Damocles? ¿Por qué las semanas previas al 20 de diciembre de 2001 los actores políticos, sindicales y empresariales no hurgaron la posibilidad de establecer un acuerdo de gobernabilidad que incluyese un jefe de Gabinete del principal partido de la oposición? ¿Por qué el mismo partido de gobierno no propuso una salida que incluyese un senador o gobernador propio para dar continuidad al mandato popular? ¿Por qué el radicalismo aceptó entregarle el poder a la oposición? ¿Es esta movilización popular una expresión genuina de las reivindicaciones sociales pendientes o es una vía de acceso al poder de intereses que se esconden tras la tragedia social?

Si la dirigencia política, social, empresarial y sindical no reflexiona profundamente sobre esta amenaza de ingobernabilidad puede ocurrir que la misma arma que se usó el 20 de diciembre de 2001 se repita, pero ahora en contra de aquéllos que pudieron haberla usado antes.

La democracia tiene desafíos enormes, como la inclusión social, el empleo, la distribución de la riqueza, el acceso a los bienes y servicios por parte de todos los ciudadanos, la calidad de vida, etcétera, pero no es serio concluir que los problemas de ingobernabilidad son sólo producto de esta realidad. Ha habido gobiernos que convivieron con la crisis social y la profundizaron sin sufrir crisis de gobernabilidad. Es que la debilidad institucional en nuestro país está reservada a algunos, que no son los que hoy nos gobiernan.

Por Patricia Bullrich