El uso político de la pobreza

La agenda del Gobierno debe colocar entre las prioridades un cambio profundo en las políticas sociales que reviertan la realidad presente, donde el individuo sufre una doble exclusión tanto por su situación social como por el mecanismo de implementación de los planes Jefas y Jefes de Hogar.

La política social debe ser el piso que le permita al ciudadano encontrar una base mínima de seguridad para poder encarar la búsqueda del camino para salir de la exclusión social disminuyendo de este modo la angustia de la fal ta de ingresos.

El Plan Jefas y Jefes de Hogar, al no! ser universal, es decir al ser discrecional su obtención, crea en la familia que lo recibe una relación de dependencia y sumisión con quien se constituye en “dueño” del mismo.

Esta relación de dependencia y sumisión se establece a través de diferentes actores que intermedian al Estado en el otorgamiento de los planes. Esto es posible porque el Gobierno, al diseñar el circuito de distribución del plan, les “entrega” (punteros) una cuota de discrecionalidad inmensa que destruye el esfuerzo enorme realizado por la sociedad argentina y perpetúa la exclusión incrementando el falso poder de los intermediarios.

Debe el Gobierno encarar un cambio urgente en la implementación de los planes sociales: el intermediario debe desaparecer porque el mismo se transforma en el beneficiario, desnaturalizando el destino de los fondos.

Pensemos por un momento qué sucedería en la sociedad si frente a cualquier servicio que un ciudadano debe utilizar, en vez de existir un ord en objetivo, conocido por todos, se establece un orden subjetivo. Pensemos por un momento qué pasaría si, frente a una cola en un hospital, un médico sale y dice que sólo serán atendidos los pacientes que acompañen a los médicos en sus reivindicaciones salariales; o si un director de escuela permite que un niño ingrese en primer grado a los 3 años, y otro a los 5, y otro a los 8, sin explicar de dónde y por qué decide el criterio que utiliza. Esto parece una locura.

Piense un momento y reflexione que esta falta de reglas objetivas es exactamente lo que sucede con nuestra política social. Hay “una mano invisible” que decide quién sí y quién no, un salvador o un verdugo de familias que atraviesan el mismo drama, en un mismo barrio de una misma ciudad de la misma provincia y la misma nación.

¿Por qué nuestra política social no utiliza los criterios universales que el Estado, como depositario de la voluntad general, debe de poner en práctica para que la ciudadanía sepa cómo, quién y cuándo está en condiciones de acceder a ! los recursos que el país dispone para atender la crisis social?

¿Por qué el Congreso de la Nación no introduce en la discusión del Presupuesto 2004 criterios de objetividad y universalidad en el otorgamiento de los planes sociales?

La respuesta cruda se encuentra en el beneficio que al sistema político le brinda la utilización de la pobreza.

Prevalece en la organización de nuestra política social la ley del más fuerte. Donde un individuo o un grupo de individuos imponen su voluntad, apropiándose de nuestras necesidades. Es hora de que en este punto esencial de la agenda, el Gobierno abandone el discurso y traduzca en acciones sus palabras. Si en algo avanzó la Argentina de la democracia es en el uso de los derechos políticos: sin embargo, esta realidad genera dependencias incompatibles con una sociedad democrática.

Es la diferencia abismal entre un favor y un derecho que se expresa en la relación del ciudadano con la libertad. Combatir la pobreza n o es sólo un deber ético sino la condición esencial para garantizar la libertad. La responsabilidad política de los verdaderos demócratas es construir el camino crítico para que la sociedad recupere su autodeterminación.

Comenzar a reconstruir nuestra ciudadanía significa poner en la agenda como primer tema la universalización de las asignaciones familiares y del ingreso ciudadano.

Reafirmando los conceptos, esta decisión va más allá de una agenda social: penetra en campos mucho más profundos, atraviesa la discusión sobre la libertad, sobre la democracia, sobre el ciudadano como protagonista fundamental de una sociedad de oportunidades.

Ciudadanía o clientelismo son opuestos que no pueden convivir.

Parlamento y Gobierno tienen la palabra.

Por Patricia Bullrich