La seguridad, una cuestión de autoridad

El trabajo para terminar con la corrupción policial debe ser sistemático. Porque no casualmente el tema, de manera sistemática, entra y sale de la agenda pública. En estos años de permanentes sobresaltos, las crisis de seguridad actuaron como un freno para construir un camino estable de cambios necesarios en las fuerzas policiales.

Cada vez que comenzaba a instalarse la idea de que había decisión del poder político de comenzar a ponerle límites a la corrupción policial, arreciaban los delitos y se generaba un clima de histeria general.

Así quedaron en el camino todas las reformas de seguridad.

Hace falta decisión. Hace falta coraje y hace falta persistencia en el tiempo. Porque cada vez que s! urge con fuerza la evidencia de corrupción policial surge a la vez su antídoto.

La discusión comienza a ideologizarse y, casualmente, se coloca al frente de la agenda mediática. La aparición de titulares acompañados con calificativos como “sangrientos”, “día de furia”, “violencia” contribuyen a un microclima poco propicio al cambio. Las reformas en marcha se deslegitiman con el único objeto de que no continúen.

Así en la Policía Federal y en la Policía Bonaerense se cambia de política, se pasa de la mano dura a la blanda, estrategias opuestas, marchas y contramarchas y toda transformación se evapora.

Parecería ser que estamos condenados a pensar en dimensiones de “no alternativa”: o tenemos delincuentes sueltos o aceptamos los delincuentes adentro de las instituciones, la mano dura se homologa con aceptación de los “vicios” de la institución y mano blanda sólo se ocupa de encontrar ladrones dentro de la policía y deja libre a los delincuentes.

De golpe encontramos desarmaderos…, de golpe encontramos corruptos…, de golpe encontramos abusos… No es de golpe, no es nuevo, no es desconocido.

Desde hace muchos años las organizaciones de la seguridad trabajan sin controles efectivos. Son organizaciones autónomas que viven dentro de una cultura corporativa y vertical que impide un verdadero control. Las auditorías internas y los controles anticorrupción están teñidos de la misma cultura. Los oficiales y agentes que son destinados a estas dependencias sufren consecuencias en sus carreras porque son evaluados para sus ascensos por los mismos jefes que deben investigar.

¿Quién controla entonces a las autoridades? Si son dueños y señores de las carreras de sus subordinados.

Hay que analizar, también definitivamente, la responsabilidad de la política por haber “naturalizado” la corrupción. Un gobierno corrupto no puede imponer conductas transparentes hacia las instituciones que están bajo su dependencia. Hace falta construir la autoridad política y moral para come! nzar una tarea seria de limpieza que delimite fronteras éticas sólidas entre la policía y el delito.

Propongo la creación de una auditoría externa a la Policía Federal que se constituya como un cuerpo independiente, externo a la fuerza, especializado y formado para auditar las conductas, procedimientos y actitudes de todo el personal policial.

El objetivo de la Auditoría de Control Policial es detectar irregularidades, ilícitos y abusos de autoridad perpetrados por los miembros de la policía, sancionarlos adecuadamente con el objetivo de construir una fuerza obsesivamente honesta y respetuosa de la ley y los derechos humanos.

Este cuerpo auditará:

* Patrimonio personal y familiar de todos los miembros de las fuerzas.

* Gastos personales y familiares de todos los miembros de las fuerzas.

* Examen para detectar consumo de drogas.

* Control de gastos institucionales publicando en la red informática el listado de compras, de prec ios y de proveedores.

* Control de actitudes, normas de procedimiento y conductas del personal policial realizando controles permanentes y operativos sorpresa para evaluar comportamientos de los funcionarios en su tarea profesional.

El primer objetivo, entonces, es la continuidad de políticas que nos permitan construir instituciones policiales transparentes, respetuosas de los derechos individuales y de la ley, criteriosas en el uso del poder que la sociedad les ha conferido y que puedan ser, sin que ello aparezca como contradictorio, duras con el delito, transparentes y cercanas con el ciudadano.

Un objetivo posible si la transparencia es un valor integrado a nuestra cultura.